La instalación ilegal de la pastera contaminante de la empresa finlandesa Botnia-UPM en la Cuenca del Río Uruguay ha desatado diferencias y enfrentamientos inimaginables en el pasado reciente cuando todo parecía prometer un futuro promisorio, hermanados los pueblos de la región en el origen y en el destino. Hoy, lamentablemente, se ciernen oscuros intereses sobre nuestra naturaleza que ponen en riesgo la vida y la salud del ecosistema y de las personas y son la matriz de las divisiones que lastiman a los pueblos. Estamos en medio de un profundo debate con una lucha activa por parte de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú que levanta una causa que no va a menguar por la aplicación de las estrechas posibilidades que otorga el procedimiento penal. Algo está pasando en la Argentina dada la conflictividad social existente.
De modo tal que se está viendo como tanto en los fallos judiciales como en el pensamiento de calificados juristas, se pone de resalto que no es el derecho penal el camino para afrontar las luchas sociales. A ustedes los han colocado en una situación difícil, sobre todo porque quienes tienen en sus manos la responsabilidad de aportar soluciones miran para otro lado en tanto alientan a los mezquinos que, impulsados por el lucro y la ambición, no dudan en denunciar resultando funcionales a quienes pretenden debilitarnos y fragmentarnos. Sin embargo, en su condición de ciudadanos y constructores del derecho, tienen una oportunidad de demostrar que se puede pasar por encima de las acechanzas y la oscuridad. Tengan en cuenta que el anterior juez federal recibió en varias ocasiones a representantes de la Asamblea, que personalmente recorrió el Río Uruguay en la zona impactada por Botnia y que permitió el diálogo. No se olviden que en su juzgado tramita la causa por contaminación en la que se ha citado a indagatoria a los directivos de Botnia y que ha sido la decisión política del gobierno uruguayo la que ha impedido que se los notifique, obstaculizando el accionar de la justicia y consagrando la impunidad. Con estos antecedentes, con estas realidades, les pedimos que bajo una serena reflexión, se abran a un encuentro fraternal con esta Asamblea. Antes de tomar una decisión, antes de que sea tarde, recíbannos, escúchennos, dense la oportunidad de entendernos. No sería ni más ni menos que lo que la propia Corte Suprema ya dijo en el expediente "Iannuzzi" cuando sostuvo en relación a nuestra protesta sobre la Ruta 136 que no debe prescindirse de la sustanciación de un proceso contencioso en el que exista espacio para el debate. En sus manos está preservar la paz social. Atte.
9 de junio de 2010
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