sábado, 8 de septiembre de 2012

Advierten que el fracking afectará el acuífero Guaraní

El gobierno "no tiene una política efectiva para el cuidado del agua dulce", afirmó, Fernanda Reyes, ex diputada nacional por la Coalición Cívica ARI.
Advirtió que si se implementa el fracking en Entre Ríos, implicará poner en riesgo las fuentes habituales de agua, las contaminará con venenos que se producen por la fractura a presión de las rocas subterráneas, y sobre todo, afectará el acuífero Guaraní, posiblemente la mayor reserva de agua dulce del mundo.
La dirigente marcó la "avanzada" de "intereses inescrupulosos, que han trazado un plan para apropiarse de los recursos naturales del mundo entero".
Explicó que desde la CC-ARI recorren el país desde hace varios años con la campaña "Sin agua no hay futuro. Lo que queremos es concientizar respecto de esta problemática; hacer saber que el agua es un recurso limitado y por eso tenemos que pensar de qué manera vamos a utilizarla, para tener acceso al agua potable y de calidad, que no esté contaminada. Cuando recorremos el territorio nos damos cuenta de que el agua está en serio peligro, y por lo tanto, también nuestras propias vidas".
En la cordillera "hay una avanzada muy grande de la megamineria a cielo abierto; y cuando hablamos de eso, nos referimos a explotaciones de montañas para sacar oro, plata, cobre y otros minerales como el molipeno, que salen del país sin el debido control, y que además para su extracción se utiliza agua, electricidad y otros químicos sumamente peligrosos para la salud y el ambiente", comentó, a AIM.
Alertó que esa no es la única forma de explotación, sino que en otros lugares de la Argentina, ya se realiza o está en exploración el fracking, procedimiento invasivo y destructivo de obtención de gas natural conocido como "fractura hidráulica", prohibido en otros países y que amenaza a Entre Ríos.
"Se están buscando zonas en el país para realizar explotación de gas no convencional. En una provincia como Entre Ríos, que tiene el reservorio de agua dulce más grande del país, con el Acuífero Guaraní, es sumamente peligroso. Si hay fracking en Entre Ríos, afectará el acuífero Guaraní, posiblemente la mayor reserva de agua dulce del mundo".
La economista se mostró preocupada por la "avanzada" de intereses inescrupulosos, que han trazado un plan para apropiarse de los recursos naturales del mundo entero. "Vemos lo que pasa en otros lugares del país y observamos que este recurso que es limitado no está siendo conservado como corresponde. Observamos lo que ocurre con el Riachuelo; el monocultivo de la soja o la megamineria.
Lamentablemente, esos intereses argumentan que usan el agua para el desarrollo de las zonas donde se llevan a cabo los emprendimientos, pero cuando uno observa lo que ha pasado en Estados Unidos o Canadá con el fracking, que ha sido prohibido por las consecuencias de la contaminación en el agua, nos damos cuenta que lo que se busca es que Entre Ríos sea una provincia sacrificable para el beneficio de pocos a costa de muchos".
La dirigente de la Coalición Cívica expresó que no está en desacuerdo con la minería, pero aclaró que sí lo está con la minería a cielo abierto, a gran escala. "En la Cámara Minera me decían que sin los minerales no podemos vivir. Y yo pregunté: ¿sin el agua, podemos vivir? La respuesta es no. Entonces, ¿cuál es la prioridad que le damos al agua? En primer lugar, es fundamental para vivir; luego, para alimentarnos y en tercer lugar, para la industrialización o la explotación productiva".
Para Reyes, la discusión de qué país queremos, involucra la discusión respecto de cómo utilizaremos el recurso "agua", que "no es mercantilizable o se le puede dar un valor. El agua debe ser tomado como un bien común, como un derecho humano", dijo.

Diputados se oponen al “fracking” en Entre Ríos

Mediante un proyecto de ley, el bloque de diputados del Frente Amplio Progresista – GEN se opuso al sistema de fracturación hidráulica y perforación horizontal.


La diputada provincial Emma Bargagna, informó que "hemos presentado un proyecto de ley por el cual se prohíbe el sistema de fracturación hidráulica y perforación horizontal porque todos los antecedentes en el mundo son altamente negativos, fundamentalmente para el agua que utilizan las poblaciones, negativos para el aire porque la liberación de los gases contribuye al calentamiento del planeta, y negativos desde el punto de vista social, porque se han afectado las actividades agrícolas turísticas y ganaderas que justamente son las que tiene nuestra provincia".
En ese sentido, la legisladora aseguró que "la contaminación de las napas de agua es un hecho innegable. Estamos posicionados sobre el acuífero guaraní, que pertenece a Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina y es el mayor reservorio de agua dulce del planeta, y no hay estudios de impacto ambiental serio que digan que esto no pueda llegar a afectar al acuífero".
"Nosotros cuestionamos que cambie la matriz productiva de Entre Ríos porque saldríamos de una matriz agroproductiva para entrar a colocar a Entre Ríos como provincia minera", sentenció a Radio Máxima.
La Fractura Hidráulica, combinada con la perforación horizontal a grandes profundidades, es una técnica agresiva usada para explotar las últimas reservas de gas natural. Son tecnologías complejas y costosas y la extracción es menos rentable que en las reservas que se explotan convencionalmente. Estas técnicas se están utilizando desde hace aproximadamente una década en los Estados Unidos, y es ahí dónde se han experimentado hasta ahora sus consecuencias sobre el medio ambiente, las gentes y las reservas de agua dulce.
En la Unión Europea se está empezando ahora a considerar la explotación de recursos fósiles no convencionales mediante la fractura hidráulica y la perforación horizontal. En varios países, como Francia, Alemania o Gran Bretaña, ya se cuestiona la legitimidad de unas técnicas que, para alargar la vida de recursos que de todos modos están inexorablemente destinados a agotarse, ponen en grave peligro el suministro de otro recurso realmente indispensable: el suministro de agua dulce.

jueves, 16 de agosto de 2012

P A T E A R E N C O N T R A



 En una ciudad futbolera como Gualeguay no es necesario explicar que esta expresión significa elegir el lado equivocado.
A la Secretaria de Medio Ambiente le está ocurriendo que patea en contra de nosotros.
Para confirmarlo no hace falta más que leer lo último que ha publicado, donde da por errados todos los argumentos técnicos que llevaron a nuestra Municipalidad a clausurar
Quimiguay. La empresa muy agradecida.
Además nos tiende una trampa al sugerir que se reiteren los estudios ambientales, como si para concretarlo no se necesitaría reabrir la planta.
Pero hay más, propone transformar a Quimiguay en un depósito de residuos peligrosos, “con total inocencia”. Nos restaría sumar que nos hemos convertido en el basurero de
 de todo el país.
Si la Secretaría de Medio Ambiente reconoce carecer del instrumental necesario para realizar el control ambiental de esta empresa, nos preguntamos:¿Cuáles han sido los
criterios utilizados para habilitarla en la última década?.
Señor Raffo el arco es el del otro lado ¡!!!!!!.
 
                                      Foro Ambiental de Gualeguay    

domingo, 5 de agosto de 2012

Contaminación del Río Uruguay. Sin soluciones a la vista

04/08/12 Por Víctor L. Bacchetta


Desde el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el litigio entre Uruguay y Argentina por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos, el 20 de abril de 2010, ya se realizaron 14 extracciones de muestras de agua, pero los gobiernos de ambos países no se ponen de acuerdo sobre la normativa que debe ser aplicada en los análisis y, por lo tanto, sobre la manera de asegurar que el Río Uruguay no esté contaminado.
El 28 de julio de 2010, los mandatarios de Argentina y Uruguay acordaron instalar un Comité Científico Binacional para realizar el "monitoreo conjunto de la planta" y los establecimientos y centros urbanos que vuelcan sus efluentes en el Río Uruguay. En agosto de 2010 se firmó el acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica para realizar este control pero las poblaciones de ambos lados nunca recibieron resultados de los análisis.
La Corte Internacional recomendó a ambos países no agravar el diferendo y que todas las resoluciones vinculadas al mismo fueran tomadas en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que es el órgano responsable del cumplimiento del Tratado del Río Uruguay, y no de manera unilateral. Sin embargo, algunas decisiones inconsultas del gobierno uruguayo han generado nuevos desacuerdos que dificultan el proceso.
A lo anterior se suman unas irregularidades constatadas en las visitas del Comité Científico a la planta de UPM para recoger las muestras y, agravando el panorama, han surgido dudas sobre la seriedad de los análisis. Las muestras de agua del río debían ser enviadas a dos laboratorios acreditados de Canadá, varias tandas ya fueron devueltas, pero el Comité Científico ha detectado inconsistencias en los análisis de uno de los laboratorios.
Cambios inconsultos
La primera visita del Comité Científico a la planta de UPM, en octubre de 2010, constató que los efluentes los diluían con agua del Río Uruguay antes del vertido, algo terminantemente prohibido por la propia normativa uruguaya. UPM interrumpió la dilución, pero el 29 de abril de 2011, dos días antes de la segunda visita del Comité Científico, el gobierno uruguayo comunicó a la CARU que había decidido cambiar su normativa a ese respecto.
Por una resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) se permitió a UPM volcar sus efluentes con una temperatura mayor: de 30 a 37 grados centígrados. El Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay, la norma por la que se rige la CARU, establece que los efluentes no deben superar las "condiciones naturales" del río, de 9 grados en invierno y 20 grados en verano, en promedio.
La delegación argentina en la CARU cuestionó la decisión por no tener en cuenta el Estatuto del Río Uruguay, ni la norma internacional citada y la propia normativa uruguaya, ni el fallo de la Corte de La Haya, ni los acuerdos de dos encuentros presidenciales y las reuniones de cancilleres de ambos países. Argentina consideró además que el Uruguay no puede modificar unilateralmente un aspecto sustantivo de la operación de UPM.
Otra modificación del funcionamiento de UPM sin pasarlo por la CARU es el aumento de la producción de la planta, habilitada por un millón de toneladas anuales de celulosa, que ha sido superado desde 2009, con el consiguiente aumento de sus impactos.
A partir de este momento, la falta de acuerdo entre las partes sobre cuáles son las normas aplicables para determinar si los vuelcos de UPM se ajustan o no a los máximos permitidos por las normas reconocidas por la CARU, ha determinado que el Comité se vea impedido de generar un informe completo sobre los resultados de los análisis y mediciones realizadas. Hasta el presente, no se avizoran posibilidades de superar esta divergencia.
Mientras tanto, la prensa uruguaya propensa a agudizar cualquier controversia con el vecino país ha acusado reiteradamente a Argentina de negarse a proporcionar esa información y lo atribuye a la intención de esconder que la contaminación proviene del Río Gualeguaychú. Es probable que exista también un aporte importante en ese sentido de la otra margen del río, pero ese tipo de argumentos no arrojan luz sino que justifican la oscuridad.
Fallas y transgresiones
El 18 de noviembre de 2011 se produjo un accidente en las instalaciones de UPM debido al funcionamiento anormal de la caldera de recuperación y de la caldera de gases olorosos diluidos, que afectó algunos barrios de Fray Bentos. Se habría producido una importante emisión de dióxido de azufre y de polvo con valores unas 25 veces superiores a lo normal, mientras que el efluente al Río Uruguay en esos días habría llegado a los 35º C.
La delegación argentina ante la CARU consideró que el informe elaborado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sobre este episodio era completamente insuficiente y reclamó a la contraparte uruguaya, en base al fallo de La Haya y los acuerdos posteriores entre los gobiernos, que presentara una información exhaustiva de lo ocurrido.
A su vez, en la visita a la planta de UPM del 28 de noviembre de 2011 los miembros del Comité Científico y personal de la Dinama constataron que en la pileta de pluviales Nº 4 del predio de la planta se estaban volcando, clandestinamente, 170 litros por segundo de efluentes al Río Uruguay, sin ningún tipo de tratamiento previo. También se verificó que por una canaleta se descargaban sólidos en dimensiones mayores a las permitidas.
Estos hechos, comprobados por el Comité Científico Binacional y por la autoridad ambiental uruguaya, configuraron violaciones flagrantes por UPM de los estándares exigidos y la normativa aplicable para autorizar esta actividad industrial. La delegación argentina en la CARU exigió la eliminación del vertedero clandestino y requirió una información sobre las medidas de la Dinama para garantizar la no reiteración de violaciones similares.
A lo anterior se agregaron las dudas sobre el laboratorio canadiense AGAT, al cual fueron enviadas la mayoría de las muestras tomadas en UPM y el Río Gualeguaychú entre junio y noviembre de 2011. El Comité Científico consideró que el laboratorio AGAT debería ratificar o rectificar los resultados de sus informes y en caso de no dar una respuesta satisfactoria, sugirió que la CARU evalúe la posibilidad de utilizar otro laboratorio canadiense.
En este contexto, todo parece llevar a agravar el conflicto binacional, en lugar de superarlo. De hecho, la única medida efectiva tomada hasta ahora para reducir la tensión habría sido el levantamiento del corte de ruta en Arroyo Verde. Pero la paciencia de los asambleístas de Gualeguaychú, que también acusan a su gobierno de inacción, se está acabando.www.ecoportal.net
Víctor L. Bacchetta - Uruguay

jueves, 2 de agosto de 2012

Es "lamentable" que "haya funcionarios que sigan directivas de Botnia"



31/07/2012 -  tiempo  0' 43" - 49 VisitasRemarcó que "cuando se quiere hacer un monitoreo en la pastera hay un montón de trabas"Bahillo se sumó a los dichos de Guastavino y consideró "lamentable" que "haya funcionarios que sigan directivas de Botnia"
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Sostuvo que la demora en la entrega de los informes es una "estrategia" de las autoridades orientales.
"Comparto plenamente las declaraciones del senador (Pedro) Guastavino; es un tema que lo venimos trabajando y es algo que no deja de ser lamentable”, subrayó el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, al referirse a los dichos que el legislador entrerriano hiciera en el programa televisivo Fuera de Juego (Canal 4 – Gualeguaychú) sobre que algunos funcionarios uruguayos “están lisa y llanamente tomando decisiones y dando pasos en la dirección que le marca la empresa Botnia”. Asimismo, el jefe comunal se refirió al monitoreo que debe realizarse a la pastera del vecino país y recordó que “las autoridades uruguayas nunca tuvieron impedimentos para monitorear la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay”, mientras que “cuando esto se quiere hacer en Botnia, hay un montón de trabas que son puestas por los mismos funcionarios orientales". Además, remarcó que "el plan del monitoreo fue firmado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par José Mujica”.En esa línea, en declaraciones enviadas a ANALISIS DIGITAL, el titular del Ejecutivo local sostuvo que “el monitoreo incluye una inspección mensual a la planta, la muestra y medición de diferentes parámetros y tomar muestras de agua del río Uruguay en la desembocadura del río Gualeguaychú”.

Asimismo, al expresarse sobre la demora que existe en la entrega de los informes, indicó que “es parte de la estrategia de los funcionarios uruguayos”.

Igualmente, consideró que “la comunidad científica se quiere hacer cargo del monitoreo, y nosotros cumplimos, pero desde el Estado uruguayo, cuando esa decisión baja a los funcionarios de menor rango, se ve que trabajan en sentido contrario a lo que ordena el presidente Mujica, y dejan que Botnia haga lo que quiera".