Jueves 17 de marzo de 2011
La extranjerización de la tierra en el país y especialmente en Entre Ríos ya tiene visos de escándalo, sin que los gobiernos atinen a ponerle coto a esta situación. Se estima de manera conservadora que aproximadamente el diez por ciento del total del territorio nacion
Se requiere de una robusta ley y de una clara y responsable decisión política para evitar la venta indiscriminada de tierras argentinas a inversores extranjeros.
Los legisladores de casi todas las bancadas seguramente estarán de acuerdo en sancionar una ley apropiada para ponerle límites a la extranjerización de la tierra (especialmente en zonas de fronteras), pero sin embargo los desacuerdos son los que prevalecen y eso no tiene explicación en los cánones de la lógica y la defensa del interés general.
Es indispensable que el país y también a nivel provincial se cuente con una norma que permita realizar un efectivo, firme y constante control sobre las operaciones inmobiliarias en el sector rural, que muchas veces involucran recursos fundamentales como el agua y el monte nativo.
Se trata de una problemática que avanza año tras años y la clase dirigente política, de todos los partidos, reconocen este flagelo pero no logran ponerse de acuerdo en cuestiones básicas y elementales.
Actualmente, alrededor de 20 millones de hectáreas están en manos de inversores extranjeros. Entre ellos, se destacan los ejecutivos de renombre internacional como Luciano Benetton (propietario de poco más de 900 mil hectáreas en la Patagonia, la de Douglas Tompkins con casi 400 mil hectáreas repartidas en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego, la de Ted Turner con casi diez mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego y la de Charles Joe Lewis con casi 20 mil hectáreas en Río Negro.
Según los datos proporcionados por las autoridades de la Federación Agraria Argentina (FAA), los cálculos indican que cerca del diez por ciento del territorio nacional fue comprado por inversores extranjeros, sin que ninguna autoridad controle como corresponde como ocurre en cualquier otro país de occidente donde la extranjerización de la tierra tiene claros límites, especialmente si están en zona fronteriza.
Argentina –al igual que Entre Ríos- tiene una riqueza en sus recursos naturales impar. No es casual que grandes corporaciones hayan comprado vastas zonas del territorio, a sabiendas del valor que éstas tendrán en un futuro no muy lejano.
Hay situaciones como la de Misiones que rozan el escándalo. Allí la empresa chilena Alto Paraná tiene bajo su absoluto dominio casi 175 mil hectáreas de selva. Lo mismo ocurre en Fiambalá, Catamarca, donde la GCN Combustible posee 700 mil hectáreas con fecunda disponibilidad de minerales como el uranio y el oro.
Por eso se necesita limitar la cantidad de tierras que puede comprar cada inversor foráneo en determinadas zonas y simultáneamente fijar controles anuales que permitan determinar la actividad que se está desarrollando en la superficie adquirida.
La problemática de la extranjerización de la tierra es un debate que no admite demoras.
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