La ONG Vida de Concepción del Uruguay responsabilizó al Poder Judicial por no haber actuado con celeridad frente a la enfermedad del aplicador de agroquímicos que falleció el viernes en San José.
La ONG “Vida” responsabilizó a la Justicia por la muerte de un aplicador de agroquímicos Daniel Ortíz, quien falleció el viernes en San José, tras un largo padecimiento.
Ortiz murió en su humilde vivienda del barrio El Brillante por intoxicación con agrotóxicos, sin que Salud Pública de San José, Colón y Concepción del Uruguay pudieran dar respuesta a su cuadro clínico. Trabajaba en las plantaciones de eucalipto que la empresa española Iberpapel Argentina SA, tiene en el departamento Colón.
El certificado médico indicó ”Intoxicación con agroquímicos, dermatitis grave exfoliativa”. Los tratamientos son muy costosos y el hombre no tuvo ninguna asistencia social, según denunciaron la ingeniera Liliana Quiroga de Quinodoz y el doctor Teodoro Cristoff, de la Asociación Civil Vida de Concepción del Uruguay.
El aplicador trabajaba con un herbicida de nombre comercial Lontrel. Al igual que otros trabajadores del establecimiento, se calzaba sobre sus espaldas la mochila fumigadora, sin estar protegido con la indumentaria apropiada para dicha tarea, la cual no era suministrada por la patronal como corresponde.
El hombre había denunciado que su trabajo lo estaba envenenando. Su caso fue planteado ante los tribunales, aunque murió sin que haya un pronunciamiento sobre su caso. “Hoy su familia está totalmente desamparada en una tierra que les prometió el pan de cada día y les dió “el veneno” como lo llamaba él”, dijo la ONG.
“Escuchando la grabación de la charla con Daniel Ortiz y miembros de ong VIDA, con su voz baja, contando cómo el agrotóxico entró en su cuerpo y lo fué degradando como a su vida, conservaba la esperanza de mejorar, agradecía a Dios por estar un día bien junto a su esposa. La ayuda a este humilde trabajador misionero no llegó de ningún lado”, dijeron desde a ONG.
Ortiz llegó desde Misiones junto a otros coterráneos, engañados por un “kapanga” (así se los conoce allá a estos explotadores de trabajadores) “hasta último momento que no pudo más por su enfermedad cumplió y cuando ésta se hizo visible en su cuerpo, el kapanga lo echó”.
ONG Vida presentó el caso a la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos contra el Medio Ambiente, (Ufima) (actuación administrativa Nº 76/09 caratulada: Protocolo de investigación administrativa y judicial en materia de agroquímicos”- depto. Asuntos Judiciales). Se debió reunir una lista interminable de documentación, grabaciones, mientras Ortiz moría. Todo está presentado. Pero la burocracia y los papeles nos tapan en vida y las leyes no salen, y siempre falta un papel”, advirtió Integrante de la ONG Vida, Liliana Quinodoz.
En tanto, la Legislatura provincial analiza tecnicismos para la modificación a la ley de aplicación de agroquímicos.
El veneno
Aprobado por la EPA en 1987, el herbicida Lontrel se vende en 50 estados con hasta 37 nombres de marca, incluyendo Confrontar, Stinger y Lontrel. El ingrediente activo es el Clopyralid, cuya categoría toxicológica es Clase II y fue inscripto en Senasa con el N° 33.572.
El herbicida en cuestión puede persistir en el ambiente hasta 18 meses después usado y es producido por Dow AgroSciences subsidiaria de Dow Chemical Co. "Se ha detectado esta sustancia a niveles peligrosos en el abono natural o compost en los estados de Washington, California, Pennsylvania así como en Nueva Zelanda” publicó en diciembre de 2001 el diario Los Angeles Time.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) fue acusada de ceder a la presión de Dow Chemical Co. al cortar el comentario público sobre los usos del clopyralid. La EPA propuso seis meses de período de comentarios públicos, pero luego cambió a 30 días”, informó el diario The Spokesman-Review en septiembre de 2002.
El herbicida se cree que es un contaminante de las aguas subterráneas y está incluido en la lista de los pesticidas villanos" de la organización Pesticide Action Network North América. En 1997 algunas tesis en especializaciones de malezas que estudiaron la respuesta de plantas jóvenes de eucalipto al herbicida clopyralid (Lontre) no podían predecir éstos impactos posteriores. Pero la excusa siempre es la misma: “buenas prácticas”. De prohibir, suspender, educar o controlar no se habla. Tampoco de las consecuencias sanitarias y para la biodiversidad.
La Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados prorrogará hasta junio de 2010 la presentación de proyectos, que serán beneficiados con subsidios. El monocultivo es rentable con apoyo estatal, mientras especies de otros países suplantan al bosque nativo y expulsan a sus habitantes, según advierte la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA).
http://www.unoentrerios.com.
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