El siguiente es un análisis con números y datos del profesor Sergio Hugo Cristani*, Consejero Superior por el Claustro Graduados de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
En la aceptación de “donaciones” enmascaradas bajo la figura de “responsabilidad social empresaria”; o en la firma de un convenio con una multinacional que orienta, confidencializa y privatiza el conocimiento y la información públicas.
La estrategia de las multinacionales es clara y evidente: acallar voces críticas, comprar estudios “científicos” favorables, orientar investigaciones acordes a sus intereses; chantaje e intensificar un discurso que fabrique un pseudo consenso social y político prominero, prosojero y proendeudamiento externo. Así, mientras articulan y desarrollan esta macabra ingeniería expoliadora de nuestros recursos y colonizadora de nuestra conciencia nacional, nos siguen endeudando, saqueando y contaminando con cianuro, acido sulfúrico, glifosato, endosulfán y demás químicos venenosos.
Una vergüenza nacional, una indignidad política e ideológica que la universidad pública argentina no puede legitimar a cambio de unas pocas pepitas de oro sucio que ingresan a su flaco y consumido presupuesto. En este esquema de capitalismo salvaje e irracional, el caso de las mineras es paradigmático: compran impunidad política y económica; pagan a la gran prensa con el propósito de que su actividad pase desapercibida para la gran mayoría de los argentinos, intentan chantajear a los habitantes de los pueblos que contaminan, con quienes emplean denigrantes prácticas clientelares disfrazadas de “responsabilidad social empresaria”.
Al mismo tiempo son favorecidas por los gobiernos de los países que saquean, contaminan y endeudan con leyes a medida, subsidios, beneficios fiscales e impositivos increíbles y cuantiosas obras de infraestructura para desarrollar sus actividades sin contratiempos. Muchos minerales que se llevan al exterior mediante una simple declaración jurada y sin control estatal, son esenciales en el sostén y desarrollo del mal llamado “primer mundo”, algunos sirven para la industria del armamento moderno, otros son simplemente artículos suntuarios que engrosan las arcas de una élite parasitaria global.
Hay otras riquezas naturales: hidrocarburos, agua dulce, tierras fértiles, bosques, fauna itícola, etc. que poco a poco se van agotando, y de continuar esta dinámica depredadora pronto escasearán en los países desarrollados y derrochones.
Por eso las empresas multinacionales, entre ellas las mineras, están en estos pagos. Buscan llevarse de aquí lo que reservan y protegen allá. Hay numerosas organizaciones trasnacionales y planes globales que las grandes potencias han pergeñado para despojar de sus recursos naturales y materias primas a distintos pueblos del planeta.
Entre estas regiones en disputa está Latinoamérica. Para la comarca sudamericana este nuevo paradigma mundial despliega su estrategia mediante la Iniciativa para la Integración de Infraestructura de la Región Sudamericana (IIRSA). Este emprendimiento requiere necesariamente de la connivencia político empresaria, de seguridad jurídica (llámese leyes y justicia funcionales) y de pueblos desinformados, desmovilizados y fragmentados. Y la historia se repite… En la estrategia imperialista nuevamente se manifiesta la necesidad de promover un nuevo plan de endeudamiento externo sudamericano.
En el caso de la mega-minería a cielo abierto, este endeudamiento público se da través de la infraestructura que necesitan estas corporaciones privadas para realizar la exploración, la explotación y el transporte de minerales.
De esta manera los argentinos tendremos que hacernos cargo de proyectos faraónicos en materia de comunicación, transporte y energía, por citar sólo los principales. Asumiremos el costo de caminos, puentes y puertos por donde transitarán las materias primas y minerales que se llevarán del país.
Tomaremos deuda para la construcción de embalses, diques, centrales hidroeléctricas, acueductos, gasoductos y oleoductos para que no les falte la gran cantidad de energía que emplean estas empresas multinacionales atraídas por la oportunidad de riqueza fácil y rápida que representa Argentina. También deberemos poner a disposición nuestros ríos, arroyos, lagos, acuíferos y demás cuencas para que estas empresas extractivas la despilfarren y contaminen.
El verso será el de siempre: que vendrán nuevas empresas e inversiones, que traerán trabajo y bienestar, que aportarán al desarrollo de la economía nacional, que significará progreso social, que posibilitará una mayor calidad de vida, etc., etc. La misma mentira organizada que, como tantas otras, con los años saldrá a la luz. Para entonces estaremos más pobres, más tristes, más despojados, más sometidos y con una deuda externa odiosa tan monumental como los cráteres que dejarán estas mineras en nuestras montañas andinas.
Leyes concebidas para el saqueo y la muerte la actividad minera no se desreguló a inicios de la década de los ‘90, quizá es más correcto hablar de reregulación y readecuación de leyes y normas en función de los requerimientos de las grandes empresas multinacionales del sector. El Banco Mundial es una de las instituciones que puede reclamar la propiedad intelectual a los legisladores nacionales que firmaron los despachos de comisión durante esos años.
En 1993 se promulgó la ley de inversión minera Nº 24.196, a la que le sucedieron una larga ristra de leyes complementarias y decretos reglamentarios que sirvieron de zanahoria para la radicación de emporios mineros internacionales. Las leyes vigentes son: Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196/93 y su modificación Nº 25.161/99; Ley de Reorganización Minera Nº 24.224/93; Ley de Acuerdo Federal Minero Nº 24.228/93; Régimen de Financiamiento del IVA, Ley Nº 24.402/94; Ley de Modernización Minera y Modificación del Código de Minería Nº 24.498/95; Ley de Protección Ambiental Nº 24.585/95, y Ley de Actualización de Inversiones Mineras Nº 25.429/01. (Fuente Fernando Solanas/Grupo MORENO, Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) La resultante de esta arquitectura legal raya el absurdo, la tragedia y la maldición: nos despojan de nuestros metales y minerales, nos contaminan y asesinan lentamente y nosotros les pagamos para que lo hagan. Los privilegios que ofrece nuestra legislación se traducen en exenciones de todo tipo: No pagan impuesto a las ganancias ni a las ganancias mínimas presuntas. No pagan el IVA a las exportaciones que realizan.
Tampoco tributan impuestos a los activos ni a la ley de sellos. Están eximidos de pagar derechos de importación de equipos, maquinarias, repuestos y accesorios destinados a la explotación.
Están autorizados a descargar de ganancias los gastos de exploración. Sólo dejan un 3% de regalías en la provincia donde se encuentra el yacimiento.
Este valor se calcula de lo que extraen a “boca de mina” (sin ningún valor agregado). Vale comentar que son las propias empresas las que mediante declaración jurada manifiestan qué tipo y qué cantidad de minerales y metales se extirpan de las entrañas provincianas. Pero la cuestión no culmina aquí.
Ese supuesto 3% que deberían abonar y que se reduce aproximadamente a un 1% si le descontamos las exenciones conferidas por leyes, se transforma en un monto insignificante si hacen uso del reintegro adicional por exportaciones a través de puertos patagónicos. Por si estas prerrogativas legales no resultan suficientes para atraer a las mineras, aún resta mencionar que los emprendimientos gozan de “estabilidad fiscal” durante 30 años a partir del momento en que es aprobado el estudio de factibilidad por la autoridad de aplicación. Lo que significa que durante 3 décadas podrán desplegar la actividad con la tranquilidad y la seguridad de que no habrá ninguna normativa que modifique las inmunidades impositivas concedidas.
Pero todavía resta aludir al decreto nacional Nº 753/04, publicado en el Boletín Oficial del 18 de junio de 2004, que en su Artículo 1° deja “… sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos, que fuera prevista por los Artículos 1° del Decreto 2581/64 y 10° del Decreto 1555/86, correspondientes a las empresas mineras que con posterioridad a la vigencia del presente decreto obtengan los beneficios reconocidos en el Artículo 8° de la Ley 24.196 y sus modificaciones, respecto de un nuevo proyecto o de una ampliación de unidades productivas existentes”.
Con esta normativa nacional (nacional por el alcance pero no por su espíritu y contenido) se les permite a las empresas mineras dejar todas sus ganancias en el exterior, sin tener que ingresar la contrapartida de lo exportado en divisas como lo hacen empresas nacionales, muchas de ellas pequeñas y medianas. Mientras el latrocinio y la piratería se perpetran, el Congreso Nacional, la AFIP, el Banco Central y demás organismos del Estado (incluidas las universidades), brillan por su presencia y ausencia cómplice al igual que el oro que se llevan.
Consejo Interuniversitario Argentino: CIN vergüenza y CIN dignidad Los bastones largos del general Onganía se presentan de distintas formas en la universidad argentina.
Están vigentes, por ejemplo, en la supresión o dilución del pensamiento crítico. En la autocensura. En la ausencia de presupuesto genuino y en la presencia de partidas con destinos delimitados.
En la aceptación de “donaciones” enmascaradas bajo la figura de “responsabilidad social empresaria”; o en la firma de un convenio con una multinacional que orienta, confidencializa y privatiza el conocimiento y la información públicas.
El bastonazo reciente lo dieron los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al aceptar y repartir por segunda vez, sin debate y sin culpa, dinero contaminado. La universidad reformista del ‘18 no se limitó al ingreso irrestricto y gratuito, sino que también preservó su autarquía y autonomía frente al capital privado y las corporaciones extranjeras.
A más de 9 décadas de aquella gesta, el debate que comienza a florecer tibiamente a partir del reparto de los fondos mineros refleja que la crisis de nuestra universidad no es solo presupuestaria y financiera. Es mucho más profunda que las miradas monocromáticas y administrativistas que no ven más allá del rojo de las cuentas.
Bastones largos y dictadura cívico militar mediante, a partir de 1990 muchas universidades, al igual que leyes y políticas gubernamentales, se articularon funcionalmente a demandas de empresas privadas y a necesidades del mercado. Estas nuevas lógicas se fueron introduciendo en los diseños curriculares, en la orientación de investigaciones, en el patrocinio de actividades académicas y en proyectos de extensión.
A medida que el presupuesto oficial para la academia se achicaba, crecía la proveeduría de servicios que poco y nada tienen que ver con la democratización, transformación e inserción social que se reclama y espera de esta institución pública. Así, muchas universidades terminaron priorizando el propio producido en desmedro de la producción propia. Pero no todo pasa por números, cifras y cuentas.
El debate que se insinúa en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), al igual que en distintas Facultades, a partir de la aceptación y distribución de los fondos del yacimiento minero Bajo de la Alumbrera, pone en contraste posiciones sobre el sentido ético, político, cultural, económico e ideológico del saber académico y científico. Y aquí volvemos al ‘18 para subrayar otro elemento cardinal de aquella gesta reformista: el emparentamiento de la universidad con la sociedad.
Quienes la protagonizaron comprendieron que la política al igual que el conocimiento no son propiedad de tal o cual, ni se transfieren desde-hacia. Todo lo contrario, se construyen y se amasan con un ingrediente esencial: el pueblo. Y justamente fueron esas historias de sufrimientos, resistencias y aprendizajes colectivos de pueblos catamarqueños como Santa María, Belén, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, entre otras comunidades contaminadas y usurpadas, que la mayoría del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Consejo Superior de la UNER no consideraron ni comprendieron al aceptar y repartir estos dineros del despojo nacional.
Los rectores y sus aliados facultativos podrán ensayar explicaciones pseudolegalistas y justificaciones economicistas, pero deberán saber que cuando está en juego la vida y la dignidad de los pueblos la universidad pública no puede aprender ni enseñar a jugar de imparcial. Quizá esta discusión naciente sea una gran oportunidad para comenzar a caminar sin bastones, apoyándonos entre todos los que pensamos que es necesario cambiar desde los cimientos esta universidad neoliberal y mercantilista.
Minería contaminante: Números y datos
- 1 día de explotación de una mina de oro a cielo abierto según el estudio de impacto ambiental de la Meridian Gold-, supone el uso de 7 toneladas de explosivos para volar 42.000 toneladas de roca (lo que genera alrededor de 14 toneladas de partículas en suspensión diaria).
- Para el proceso de lixiviado se utilizan 6 toneladas de cianuro; 400 kg de ácido clorhídrico; 400 kg de soda cáustica; 46 kg de litargirio; 23.300 kg de cal; 2.500 kg de azufre y 1 millón de litros de agua. En el caso de Minera La Alumbrera el consumo diario llega 100 millones de litros diarios.
- Durante 1 año de explotación, los valores serían los siguientes: 365 millones de litros de agua (la empresa no paga por el uso del agua un solo peso). 2.190 toneladas de cianuro y 900 toneladas de azufre.
- 300.000 metros cúbicos de agua dulce por día se utilizan en Argentina en el proceso de lixiviado. Es agua pura que se extrae y luego se devuelve contaminada.
- 15 son los megaproyectos a cielo abierto que funcionan en la actualidad. Hay 7 en construcción y más de 150 exploraciones en curso.
- 300 minas a cielo abierto estarían funcionando en los próximos 10 años, según calculan los especialistas.
- 13 son las provincias mineras comprometidas en este tipo de actividad.
- 7 son las provincias que prohibieron por ley este tipo de explotación: Mendoza, Chubut, Río Negro, San Luís, La Pampa, Tucumán y Córdoba.
- La mayoría de los emprendimientos se radicarán en nuestra geografía cordillerana.
- 5.000 son los kilómetros de cordillera que compartimos con Chile, país con el que celebramos acuerdos que favorecen a la instalación de estas industrias extractivas.
- Pascua Lama, en la provincia de San Juan, es el primer mega emprendimientos mineros binacionales, y es explotado por la norteamericana-canadiense Barrick Gold Corporation. Los kilómetros cuadrados que ocupa este yacimiento en la región andina, al igual que otros que le siguen, son una suerte de tercer territorio en posesión de las multinacionales debido al “Tratado de Integración y Complementación Minera Argentina-Chileno”, refrendado en 1997.
- 75% de las regiones mineras de Argentina aún siguen inexploradas.
- El 95% de la minería a cielo abierto es llevada a cabo por empresas extranjeras.
- Argentina es el sexto potencial minero del planeta. En sus entrañas guarda enormes depósitos de oro, plata, cobre, plomo, estaño, zinc, molibdeno, cobalto, uranio, potasio, litio, níquel y diversos minerales poco conocidos pero valiosos y muy utilizados en diferentes industrias.
- Nuestro país importa la mayoría de los minerales y metales que se llevan de nuestro territorio.
- Electricidad, gasoil y agua potable es lo que más utilizan estas corporaciones.
- Minera la Alumbrera es el mayor cliente individual de electricidad. Consume el 80% del total consumido por toda la provincia de Tucumán. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25 por ciento de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87 por ciento del consumo total de la provincia de Catamarca. Una enormidad de energía, al igual que los 100 millones de litros de agua dulce que extrae diariamente del acuífero el Campo del Arenal, único reservorio de agua pura de esa zona catamarqueña. Los gobiernos facilitan y ponen a disposición estos recursos a las multinacionales, incluso a costas de restringirlos a los propios habitantes.
- 4 millones de litros de agua por hora que utiliza Minera La Alumbrera para trasladar los minerales por el mineraloducto desde Catamarca hasta Tucumán.
- 78 toneladas de residuos promedio se desechan por cada 28 gramos de oro que valen alrededor de 950 dólares.
- Esta actividad deja enorme cráteres en áreas naturales protegidas.
- Está demostrado que la megaminería a cielo abierto emplea sólo el 0,09 por ciento de la fuerza laboral. En el caso de nuestro país es menor aún ya que más de un 25% de los trabajadores provienen de países limítrofes. www.ecoportal.net
* Sergio Hugo Cristani – Consejero Superior por el Claustro Graduados de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) – Facultad de Ciencias de la Educación.
http://www.biodisol.com/medio-ambiente/la-experiencia-minera-en-argentina-las-transnacionales-mineras-provocan-desastres-ambientales-y-sociales-contaminacion-ambiental-investigacion/
